La diputada local de Morena, Anylú Bendición Hernández, presentó una iniciativa para que las personas cuidadoras no remuneradas sean incorporadas a los programas de asistencia social en Nuevo León. La propuesta busca reconocer esta labor y garantizar acceso al derecho a la salud.
La legisladora señaló que muchas personas cuidadoras postergan su atención médica por priorizar el cuidado de familiares en situación de dependencia, como personas adultas mayores, niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad o enfermedad.
Atención al rezago en salud de personas cuidadoras
De acuerdo con lo expuesto por la diputada, la propuesta plantea avanzar hacia condiciones más justas dentro del sistema de cuidados en el estado. Entre los puntos centrales está el reconocimiento institucional del trabajo de cuidados no remunerado y su vinculación con esquemas de asistencia social.
La discusión se inserta en un contexto donde especialistas y organismos públicos han advertido que las personas cuidadoras suelen enfrentar cargas físicas, emocionales y económicas que afectan su bienestar y acceso oportuno a servicios de salud.
ENASIC 2022 reporta mayor carga de cuidados en mujeres
La legisladora citó datos de la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC) 2022. El INEGI reportó que las mujeres cuidadoras principales dedicaron en promedio 38.9 horas semanales a labores de cuidados, frente a 30.6 horas en hombres cuidadores principales.
Estos datos respaldan el argumento de que el trabajo de cuidados no remunerado tiene un impacto directo en el tiempo disponible para empleo, autocuidado y atención médica, especialmente entre mujeres.
Congreso de Nuevo León abre debate sobre sistema de cuidados
La iniciativa de Morena abre una nueva discusión en el Congreso local sobre cómo integrar a las personas cuidadoras no remuneradas en políticas públicas con enfoque de salud y asistencia social. El debate también coloca en la agenda el reconocimiento legal y social de esta labor.
En caso de avanzar, la propuesta podría convertirse en una base para ampliar la cobertura institucional a un sector que realiza tareas esenciales de cuidado sin remuneración ni acceso garantizado a servicios de salud.
